Crisis oligárquica y dominación imperialista

Por Ramiro Rojas

La crisis política generada con motivo de la difusión de los narcocasetes por parte del derrotado candidato Andrés Pastrana y de las confesiones de Santiago Medina, ex tesorero de la Asociación Colombia Moderna, donde se denuncian las irregularidades en la financiación de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Ernesto Samper, ha sacado a flote dos verdades de vieja data y que nunca se habían mostrado con tanta claridad: el carácter corrupto y apátrida de las clases gobernantes y el alto grado de injerencia de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. A quienes llevamos varios lustros organizando al pueblo colombiano y señalando estos aspectos como causas del estancamiento del desarrollo nacional, nos corresponde persistir en la lucha contra el imperialismo y contra la coalición liberal conservadora que hace posible ejercer esa dominación, “causa principal de las adversidades 'modernas' de Colombia”.
La corrupción es y ha sido una herramienta de uso corriente de los monopolios y de los gobiernos de las grandes potencias para llevar a cabo sus actividades expoliadoras. Los ejemplos abundan. Basta mencionar de pasada los tejemanejes practicados durante un buen trecho de principios de siglo para apropiarse del petróleo, cuando los halagos, las comisiones y los sobornos terminaron por involucrar a varios de los ocupantes del solio de Bolívar, así como el robo de Panamá, en 1903, que incluyó, además de las “mordidas”, la intimidante presencia militar. De la misma manera las últimas agresiones norteamericanas, desde el asalto a Granada en 1983, la ocupación de Panamá en 1989, la invasión a Irak en enero de 1991, el posterior desembarco en Haití, el instigamiento contra los serbios para desmembrar a Yugoslavia, suministran pruebas elocuentes de hasta dónde están dispuestos a llegar para asegurar a América Latina en el redil y para imponer su hegemonía a nivel mundial.
La actual coyuntura nos revela cómo Washington sabe también sacar provecho de la descomposición de las castas oligárquicas e incluso utiliza las instituciones encargadas de la investigación de los delitos, como ocurre con la Fiscalía, para inmiscuirse en los diversos estamentos de la vida nacional.

En Colombia, el encargado de sacar adelante los aspectos centrales de la política imperial es el propio Samper, quien ha mostrado ser un convencido de los esquemas neoliberales que compendia la apertura económica. Desde el cuatrienio anterior, como miembro del gabinete ministerial, contribuyó activamente a que el régimen de Gaviria alienara a la nación bajo el modelo aperturista, impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, como primer mandatario le corresponde consolidar esta política de despojo que se materializa en el desempleo; en disminuir los salarios, las prestaciones y la seguridad social; en privatizar el patrimonio del Estado; en entregar e1 mercado interno a los poderosos consorcios foráneos; en subordinar o aplastar las industrias nativas; en agostar la agricultura, y en incrementar el saqueo de los recursos naturales, es decir, la ruina del país.
El afianzamiento de la internacionalización de la economía se oculta bajo la engañifa del Pacto social, que no es otra cosa que envilecer la remuneración de la fuerza de trabajo colombiana. Es en este terreno de los salarios baratos donde los países del Tercer Mundo pueden competir con mayor empeño por atraer las maquilas o volver las transacciones más rentables ante los ojos de los monopolios. Al gobierno de Samper, pues, le ha correspondido consolidar el modelo aperturista. Así en materia laboral, aplica las lesivas medidas contempladas en las leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, las cuales complementa con el régimen arbitrario y represivo contra los servidores públicos contenido en la ley 200 de 1995 o Código Disciplinario Unico. Asimismo, deja que se marchiten las labores agropecuarias e insiste en arrasar con la Caja Agraria, soporte de la producción campesina, y de contera, lanzó recientemente un programa de privatizaciones más profundo que el de Gaviria, poniendo en venta, además de las instituciones no enajenadas durante el período anterior, a las empresas de energía eléctrica, los aeropuertos y hasta las carreteras del país. A la herencia recibida del revolcón, le añade el tinte demagógico con la Red de Solidaridad Social, exigido por los organismos internacionales desde finales de 1993 con la pretensión de contener el descontento popular que pueda derivarse del acentuamiento de la explotación y la miseria. Escudándose en la necesidad de cumplir este plan, endeudará mucho más al país, e incrementará el IVA, el más regresivo de los tributos que pesan sobre las clases trabajadoras colombianas.
En estas circunstancias, un eventual cambio del inquilino de turno de la Casa de Nariño no puede atribuirse a presuntas debilidades o a que siga imaginarios “caminos sinuosos” y populistas en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Casa Blanca. Sencillamente ocurre que el cúmulo de anomalías presente en la financiación de la campaña rebosan la misma normalidad en que se mueven las transacciones de los burgueses. Recordemos, entre otras, la doble contabilidad y la inexactitud en la relación de las cuentas ante las autoridades, en medio de las cuales se encuentra enredado Juan Manuel Avella, precisamente el encargado de adelantar la privatización del Banco Popular y de despedazar la Caja Agraria; la desaparición de aportes realizados por grandes grupos empresariales de Colombia; el señalamiento a una efímera asociación regida por la actual Primera Dama, creada aparentemente con el fin de adornar algunos parques y que terminó desviando recursos a la campaña, y quién sabe qué más artilugios nada santos. Las contribuciones de los jefes de los carteles de la droga y de las transnacionales que saquean al país, dejan a las claras los compromisos contrapuestos adquiridos por el actual ejecutivo, y cómo éstos lo han llevado a una situación de desgaste político tal, que puede poner en peligro el manejo adecuado de los asuntos de las clases opresoras y dejar de ser prenda de garantía para el feliz suceso de los negocios de Wall Street.
El desprestigio de la casta gobernante y la abierta intromisión extranjera; la cada vez más intolerable situación económica del pueblo, agobiado por toda clase de gravámenes y la falta de oportunidades para trabajar; los innumerables problemas que pesan sobre más de trescientas mil familias caficultoras; la bancarrota de los productores de sorgo, soya, algodón, arroz y banano; la quiebra inminente de numerosas empresas de sectores tradicionales de la economía colombiana como confecciones, tabaco, textiles, cuero, madera, etc., entre muchas más calamidades que se vienen agudizando, fruto de la implantación de la apertura, deben servir al proletariado para impulsar las luchas por conquistar la soberanía económica y derrumbar la oligarquía liberal conservadora que encarna la sojuzgación. Hoy más que nunca se requiere que insistamos en la conformación de un amplio frente por la resistencia civil que, sobre la base de la alianza obrero-campesina aglutine a la pequeña burguesía y a la burguesía nacional, sin dejar por fuera a los integrantes del clero y de las fuerzas armadas que deslinden campos con el imperialismo y los agentes de la recolonización, encabezados por Samper. Solo así se podrá adelantar la batalla por la independencia nacional, punto de partida para la construcción de una república democrática, soberana y próspera, camino al socialismo. A estas tareas debemos dedicar todos los esfuerzos, “ahora que la marea está alta”.