El
fogonero 
Reforma tributaria: Iva a todo
Espartaco Rodríguez
Alvaro Uribe Vélez, representante de la dictadura
oligárquica, lacaya del imperialismo norteamericano, usa con pérfida
intención el apoyo recibido de los colombianos ante los desmanes
de la guerrilla, para imponer a la población, cada vez más
pauperizada, mayores cargas tributarias. Para ello ha contado con el apoyo
de un congreso complaciente y de un movimiento obrero entregado, que enarbola
la abstención activa contra el referendo como la gran batalla, mientras
impulsa la concertación entre las organizaciones sindicales y se
desentiende de la lucha frontal contra las reformas. Todas estas enmiendas
están concebidas dentro de la aperturista Constitución de
1991 para entregar hasta la última gota de las riquezas naturales
y del trabajo a los trust estadinenses, saqueo que avanza sin resistencia
alguna en Colombia y demás naciones sojuzgadas.
La reforma tributaria fue presentada al congreso el 8 de octubre de 2002
y aprobada sin mayores modificaciones el 20 de diciembre del mismo año.
Así, los colombianos iniciaron año nuevo con tributos nuevos.
Reforma que se sustenta en un 63 por ciento en el cobro del Iva, impuesto
regresivo que pone a pagar en igualdad de condiciones a pobres y ricos tengan
o no capacidad de pago. Se gravó con Iva del 7 por ciento a gran
parte de la canasta familiar: el chocolate, el café tostado, la avena,
el maíz, el arroz, las harinas, el atún, las sardinas enlatadas
y las pastas alimenticias; a los servicios de aseo, de vigilancia privada,
de gimnasios y de clubes sociales y deportivos; a las comisiones por los
servicios temporales de empleo, a los planes de medicina prepagada y a los
arrendamientos de locales comerciales. A partir de 2005 la tarifa de los
productos anteriores subirá al 10 por ciento.
Los pañales, toallas higiénicas y los preservativos quedaron
con una tasa del 10 por ciento. Los pasajes aéreos, los aceites comestibles,
las margarinas y la publicidad tienen un Iva del 16 por ciento, la telefonía
celular del 20 por ciento, los vehículos nacionales e importados
del 25 por ciento y la cerveza paga una taza del 11 por ciento.
Pero no contento con gravar los alimentos, además, entre otras medidas,
a los trabajadores que devengan cinco y más salarios mínimos
se les fija una retención en la fuente sobre el 75 por ciento de
su ingreso laboral; se redujo de 183 a 150 millones de pesos el monto del
patrimonio a partir del cual los colombianos tienen que declarar renta;
a los contribuyentes se les fijó una sobretasa del 10 por ciento,
la cual, a partir de 2005 quedará permanente en el 5 por ciento,
y se comenzó el desmonte de algunos beneficios y deducciones tributarias.
Todas las reformas fueron impulsadas sobre el argumento de la crisis fiscal
que vive el Estado colombiano. El gobierno no escatimó palabras para
señalar como culpables a los trabajadores, a sus sueldos y pensiones.
Pero los verdaderos causantes del robo al erario público, son los
políticos, los funcionarios de las administraciones a través
del cohecho, del peculado y la concusión obligando al fisco a asumir
los costos de los desfalcos y de la tramitomanía, así como
la quiebra de las entidades privadas, en especial las del sector financiero.
A esto se suma la venta del patrimonio estatal, fuente generadora de buena
parte de los ingresos de la hacienda pública.